Testigo se contradijo y declaró que Aguilera tenía “un emprendimiento con su esposa”

Lo central de la declaración del exlegislador del PJ tuvo que ver con una charla que mantuvo con Juan Pablo Aguilera, cuñado de Sergio Urribarri, con quien Berther aseguró “estar siempre muy enfrentados políticamente, pero con una buena relación personal”.

“Nosotros hablamos allá por 2010 y lo noté decaído, desilusionado con la política. Ahí me dijo que quería hacer un emprendimiento con la señora y le aconsejé que tenía que ir despacio porque quizá el podía expandirse pero el mercado después se achica. Para consolarlo le dije que a veces no es lo mejor estar en primera fila en política sino ser amigo de los políticos”, respondió el exlegislador ante una pregunta de la fiscal Patricia Yedro.

Ante la repregunta de la fiscal y la decisión de Berthet de continuar con su relato, Yedro solicitó que se reproduzca una entrevista que el propio Berthet había tenido con la fiscal en la etapa de la Investigación Penal Preparatoria (IPP): “Una vez me contó que tuvo un emprendimiento con amigos de él, que tenía una imprenta. Le dije que vaya despacio, que tenga cuidado y que no es fácil. Le expliqué que había ejemplo de gente que se había expandido mucho y después el mercado se achicó”, le había dicho Berthet a Yedro respecto a la charla con Aguilera. Justamente, el hermano de la esposa de Urribarri, le respondió a Berthet en aquella charla: “Mi cuñado me dice lo mismo”.

Es decir, Berthet en el debate pretendió decir lo mismo sin decir lo importante: recortó de su recuerdo el rubro del emprendimiento privado al que se refería Aguilera y cambió “amigos” por “su esposa”. Eso se zanjó con el refresco que hizo la fiscal al reproducir el audio ante el Tribunal compuesto por José María Chemez, Elvio Garzón y Carolina Castagno. “Puede ser que me haya dicho lo de la imprenta”, reconoció.

El exlegislador dijo desconocer las empresas con las que se vincula al cuñado del actual embajador en Israel y Chipre. Pero destacó el gusto de Aguilera por la publicidad: “A muchos le sorprendió la cantidad de afiches y publicidad que hicimos en las elecciones de 2009 que nos permitió perder dignamente y en eso tuvo que ver Aguilera. Me acuerdo que ese oficio le gustaba”, remató.

En reiteradas ocasiones lamentó que la dupla Urribarri/Aguilera le hayan “birlado” dirigentes políticos que el formaba. En ese contexto, buscó explicar lo que ocurrió con dos contratados durante su último período como diputado, Julio Alegre y Tati Galarza. “Alegre un muchacho de General Campos. Es conocido, jugabamos al babyfútbol. Compartimos cosas en la infancia. Estuvo un tiempo trabajando conmigo en el periodo, creo que era un contrato de obra. Estuvo hasta el final de mi gestión en 2011”, relató. De Galarza dijo no recordar el nombre de pila pero destacó que había sido secretario de Gobierno en la pequeña localidad y que tenía mayor trayectoria política.

Fiscalía indagó en como habían sido esas contrataciones en la legislatura, cómo se le abonaba el salario y que funciones cumplían bajo su mando: “Cuando estaba la orden del cupo, uno mandaba los nombres a administración y ellos hacían todo el trámite correspondiente. Por mí no pasaba ninguna documentación. La mayoría eran contratos de obra. No rendían, no había ningún tipo de control y cada 6 meses te preguntaban sin continuaban. Ellos tenían que facturar, eran monotributistas”, respondió.

Casi anticipándose a las preguntas del MPF, Berthet dijo que “si estos chicos terminaron con Aguilera no me sorprendería”. Efectivamente, las preguntas empezaron a girar en torno a si Berthet conocía que Alegre y Galarza tenían un trabajo en el ámbito privado y el exdiputado negó tener información al respecto.

“Ellos estaban en Paraná y es muy probable que se encontrara con otros amigos de San Salvador o General Campos, no tenían ningún horario estricto, pero no tengo ni idea si trabajaba para alguna empresa”, señaló.

Fue allí cuando los fiscales indagaron sobre Alejandro Almada y Emiliano Oscar Giacopuzzi, ambos imputados en este megajuicio: “No sé que función cumplía Almada, sí que trabajaba en Diputados, en el área contable y me saludaba”. Respecto a Giaccopuzzi, Berthet aseguró haber conocido a sus padres que fueron a General Campos desde San Salvador pero que al imputado en el juicio no lo conoce.

“Uno tiene que tener una debida fundamentación para una contratación directa”

En la jornada de este jueves, también declaró la actual secretaria de Comunicación de la provincia, Maricel Brusco.

Por su parte, la actual funcionaria del área de Comunicación respondió preguntas tendientes al funcionamiento actual de la secretaría, principalmente en lo que hace al trámite administrativo para la contratación directa vía excepción.

Brusco confirmó que “todas las provincias trabajan de la misma manera ya que es imposible ejecutar un modelo de licitación” a la hora de la contratación de medios para publicidad. Explicó que durante las distintas gestiones lo que se ha hecho es ir mejorando el mecanismo administrativo.

Puntualizó en la justificación a la hora de definir una campaña publicitaria: “Uno tiene que tener una debida fundamentación para argumentar la contratación directa por la vía de la excepción. Por qué tomamos la decisión de hacer determinada campaña, cómo la pensamos hacer y por qué elegimos determinados medios de comunicación”.

Cómo continúa la causa

El próximo lunes continuarán las audiencias con la presencia de cuatro testigos, uno de los cuales estaba previsto para este jueves pero se pospuso por la extensión de la jornada.

Hasta hoy habían pasado 10 testigos en el megajuicio. Todos declararon en el marco de lo que se conoce como “causa de la vaca” o “causa de las imprentas”, un legajo en el que se investigan presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En el expediente están imputados el exgobernador Sergio Urribarri; el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador; Alejandro y Luciana Almada; Maximiliano Sena y Emiliano Giacopuzzi –los cuatro como directivos de las empresas Tep y Next–; Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la vía pública; y Corina Cargnel, contadora de las empresas.

La hipótesis principal apunta al direccionamiento de publicidad estática en las calles y rutas, en favor de las empresas que adjudican a Juan Pablo Aguilera. En esta causa también está imputado el publicista de Concepción del Uruguay, Fernando Montañana, pero fue apartado del debate oral y se lo juzgará oportunamente porque atraviesa una situación de salud comprometida. También estuvo imputado en este proceso el publicista paranaense Jesús Bustamante quien, en febrero de 2018, arribó a un acuerdo de juicio abreviado con Fiscalía por el cual aceptó una pena condicional de 2 años y 8 meses. Estos dos publicistas, sostienen los fiscales, aceptaron aparecer como beneficiarios de diversas contrataciones con el Estado entrerriano siempre y cuando retornaran parte del dinero percibido a las empresas Tep y Next que, de ese modo, concentraron toda la publicidad en la calle. La investigación abarca un período que va de 2010 a 2015.

En el megajuicio se acumulan otros expedientes: el conocido como “sueño entrerriano”, a partir del cual la acusación pública sostiene la ejecución de distintos actos de Gobierno para promover la figura del exgobernador como precandidato a presidente en las elecciones de 2015; y el legajo conocido como “Global Means” en el cual se investigó la adjudicación de publicidad en 18 medios gráficos del país a una empresa que, cuando recibió el beneficio, no estaba constituida como tal y tampoco aparecía en el registro de proveedores del Estado.

En el debate intervienen los fiscales Cecilia Goyeneche; Patricia Yedro; Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull. En tanto, los defensores son Raúl Barrandeguy; Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende; Emilio Fouces; José Velázquez; Ignacio Díaz y Miguel Cullen.