Nicolás Placci (44) pudo regresar a la casa de su familia el 19 de enero, tras un proceso judicial que duró 15 años. La vivienda, o lo que queda de ella, estuvo usurpada más de cuatro décadas, habiéndose ocupado luego de que sus padres fueran secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura argentina (1976-1983). Cuando llegó, el lugar parecía una zona de guerra: «El grado de destrozos que encontré me hace pensar que fue realizado a propósito, con saña y odio», le dice a RT, todavía sorprendido.
El inmueble se encuentra en la calle Quintana al 908, en el partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires. Hace mucho tiempo, allí se mudaron Eduardo Daniel Placci y Alba Noemí Garófalo, dos jóvenes que apenas superaban los 20 años y militaban en Montoneros, una agrupación guerrillera ligada al movimiento peronista y surgida a inicios de los 70, cuando los partidos políticos fueron prohibidos en otro período dictatorial.
Los papás de Nicolás se habían conocido haciendo acciones sociales en barrios humildes de la provincia de Santa Fe. Tener visiones del mundo parecidas ayudó a que su amor fuese inevitable: se casaron en 1975 y en mayo del año siguiente nació el entrevistado.
Hoy, este docente de escuela secundaria no tiene recuerdos de ambos. Es que las desapariciones forzadas de Eduardo y Alba ocurrieron cuando él era un bebé de tan solo seis meses. A pesar del período transcurrido, todavía se desconocen sus paraderos, aunque se sospecha que pudieron haber sido trasladados a El Campito, uno de los principales centros clandestinos de detención donde los militares cometían todo tipo de torturas.
Nicolás tampoco sabe nada de su posible hermano o hermana: al momento del secuestro, la mamá estaba embarazada, y ese bebé, del cual se desconoce si nació, es uno de los nietos buscados por las Abuelas de Plaza de Mayo, dedicadas a restituir identidades robadas por el terrorismo de Estado.
«Mi mamá salió conmigo en brazos, cuando yo tenía seis meses, para dejarme en la casa de una vecina y salvarme la vida», comenta. Para Placci, su madre sabía que los estaban buscando: «Varios compañeros, que militaban con ellos en la zona, habían caído primero. La represión estaba cerca, y en el acto de amor más sublime del cual soy testigo, decidió dejarme y no exponerme a que me llevaran con ella», agrega. Por ese entonces, el pequeño quedó al resguardo de su abuelo.
En cuanto a la propiedad familiar, fue usurpadapor un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y su esposa, mientras en el país sudamericano se perpetraba un genocidio. Aún no se pudo verificar si el uniformado participó en la desaparición de Eduardo y Alba.
«Es el último techo que habité junto a mis padres»
Después de una larga espera, recientemente la Justicia ordenó a los ocupantes que abandonaran el inmueble. El expolicía nunca pudo demostrar cómo y cuándo adquirió la propiedad, en cambio, Nicolás poseía todos los documentos: «Mis viejos [padres] compraron la casa entre octubre y noviembre del 76. Tengo el boleto de compra-venta, la escritura y hasta el registro del dominio», repasa.
Sin embargo, a la lentitud judicial se le sumaron las dilaciones de los usurpadores, quienes debían irse a mediados de diciembre por orden de la jueza. Así, en el último recurso su abogado solicitó extender el plazo por 20 días, con la excusa de que el domicilio al cual se marcharían aún no se había puesto en condiciones para mudarse, y Placci aceptó de buena fe. Todo parece indicar que fue en esa prórroga cuando comenzaron a destruir todo: «Hablé con vecinos y me confirmaron que escucharon ruidos de roturas en el último mes«, subraya.
Ahora, el lugar está inhabitable: «Destrozaron la casa a mazazos», cuenta. Antes de entrar, esperaba ver «un sitio viejo, con poco mantenimiento, humedad o sin pintar». Sin embargo, se encontró con una escena similar al paso de un huracán: «No dejaron ninguna ventana, las arrancaron con marcos y todo. Las puertas también, incluyendo las visagras, poniendo en riesgo a la propia construcción. Algunas están rotas a martillazos o patadas», grafica.
Incluso desprendieron cables eléctricos en algunos sectores y hasta cortaron caños que garantizaban la provisión de servicios básicos: «No tengo gas ni agua en la vivienda«. Las deudas, acumuladas por la familia ocupante, también son cuantiosas.
Esta usurpación, consecuencia directa de las desapariciones forzadas, se considera como un delito de lesa humanidad. Por su parte, Nicolás interpuso una nueva acción en la Justicia argentina para que se reparen los daños y se pongan al día las cuentas impagas. Al respecto, deja en claro que no lo incentiva el valor económico del inmueble: «Es el último techo que habité junto a mis padres», subraya.
Entre tanto, Placci define qué destino le dará al lugar, porque no tiene pensado mudarse próximamente. Mientras, pasa sus días participando de actividades junto a Abuelas y estudiando un profesorado de Historia. Tras muchas sesiones de terapia, comprendió que la memoria es parte de su presente y futuro.
Fuente: RT