En el Ministerio de Trabajo hay más certezas respecto del arranque de las deliberaciones que sobre los parámetros. De hecho una de las posibilidades es que la nueva discusión abarque apenas el trimestre de abril a junio, que en teoría forma parte de la negociación del año pasado y que no completó 12 meses de vigencia. No obstante cerca del jefe de esa cartera, Claudio Moroni, confirmaron que cualquier aumento a convalidar deberá cumplir con la garantía de quedar por encima de la suba del costo de vida durante el período de vigencia. En ese aspecto se mostraron flexibles con relación a la modalidad a ser resuelta la suba de este año.

Una de las alternativas que ya evalúa Héctor Daer en la CGT, por caso, es convalidar con el salario mínimo el 32% orientativo que impulsa el Ejecutivo aunque con la condición de un plazo menor a un año. De ese modo, explicaron los dirigentes, el resultado de la negociación no exhibiría un valor muy diferente al de las paritarias cerradas hasta ahora y tendría como ventaja la flexibilidad en el manejo de los plazos de vigencia para reabrir las negociaciones. Se prevé que la principal central obrera llevará una propuesta de aumento más cercana al 40% contemplativa de la pauta del 32% más el valor diferencial entre el acuerdo del año pasado y la inflación acumulada en 2020, que fue 36,1%.

El Consejo del Salario reunirá al Gobierno con la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma (la única que el año pasado votó en contra) y empresarios de la industria (UIA), el comercio, el agro, los bancos y la Bolsa. Aunque el alcance inmediato del resultado es limitado a unos 300 mil trabajadores bajo relación de dependencia que no están regidos por convenios colectivos sino en forma directa por la ley de Contrato de Trabajo, la suba pactada también incide de manera directa sobre el valor de los planes sociales, que de momento está fijado en la mitad del sueldo mínimo.

El año pasado el Ejecutivo temía por la incidencia del salario mínimo dado que también era la referencia ineludible para el programa Asignación de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP), que desde 2021 quedó discontinuado y reemplazado por un refuerzo de los Repro que administra el Ministerio de Trabajo. Fuente: Ámbito