Como adelantó Ámbito, la discusión jurídica fue por la existencia o no de un «caso». Clave: no se expidió sobre la validez o no del decreto que firmó Javier Milei y se reserva los expedientes de mayor impacto, como el que llega desde la justicia laboral.
La Corte Suprema -por goteo- empezó a definir algunos de los planteos que arribaron a la máxima instancia contra el DNU que Javier Milei firmó y que recibió múltiples cuestionamientos políticos y judiciales. Tomó dos expedientes -el del gobernador de La Rioja Ricardo Quintela y el de la Asociación Gente de Derecho, encabezada por Jorge Rizzo. Dato. Quintela debió haber intuido el destino de su presentación, recibida antes del inicio de la feria judicial de enero. La Corte, automáticamente y con total alevosía, dispuso el traslado a dictamen para la Procuración General y comunicó que se encargaría del asunto recién a partir del reinicio de la actividad. Lo dejó macerando.
El expediente era uno de los de mayor voltaje en ese momento porque pedía la intervención por competencia originaria del máximo Tribunal por tratarse de una controversia entre una Provincia y la Nación. Promovió una acción declarativa de certeza porque alegó que había incertidumbre ante un DNU 70/2023 eventualmente inconstitucional. Ámbito había adelantado el 22 de enero que en los pasillos de tribunales, ya se hablaba de que el prisma relevante para analizar el futuro judicial del decreto iban a ser los conceptos de «caso» y el de «legitimación».
Fuente: Ambito
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